Estafas fiscales en las gasolineras causan desventaja competitiva | Empresas

Operadores de gasolineras alertan sobre aumento del fraude del IVA en España


Un surtidor de carburantes, en una imagen de archivo.
Un surtidor de carburantes, en una imagen de archivo.

Los principales operadores de gasolineras de España han expresado preocupación por el creciente fraude del IVA en su sector. Esta práctica ilegal consiste en cobrar el impuesto al consumidor pero no pagarlo a Hacienda, lo cual afecta tanto al erario público como a la competencia leal entre los operadores que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Según Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), se han observado diferencias de 40 céntimos por litro en el precio para el consumidor final, lo que está llevando al cierre de algunos negocios. Solicita la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para abordar este problema y evitar que empresarios deshonestos sigan perjudicando al sector.

Estudios recientes de la consultora KPMG estiman que los operadores fraudulentos han generado ventas por valor de 26.000 millones de euros en la última década, obteniendo un beneficio adicional al no pagar el IVA correspondiente. Juan José Blanco, exfuncionario de la Agencia Tributaria, destaca que este fraude impacta negativamente en las arcas del Estado y limita la competencia entre los operadores legales.

Luis Nieves, presidente de la asociación sectorial UPI, advierte que el fraude sigue creciendo y representa entre el 25% y el 30% de las ventas totales en España. Se ha señalado la emisión de licencias de operador de forma laxa como parte del problema, generando una competencia desigual que perjudica a todos los actores involucrados.

El fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos ha motivado acciones de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, investigando a gasolineras que venden a precios sospechosamente bajos. Este comportamiento fraudulento afecta a la competencia al reducir artificialmente los precios y expulsar del mercado a los competidores legales.

Jorge de Benito, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), define esta actividad como una práctica depredadora que perjudica tanto a nivel fiscal como a los consumidores, al vender productos inadecuados.

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