La Amenaza a la Libertad de Información
Cuando la verdad incómoda está a punto de salir a la luz, los políticos rápidamente crean medidas que, aunque parecen «buenas», en realidad buscan infantilizar a la población y quitarles su autonomía. Esto muestra un sistema político que nos ve como incapaces de pensar por nosotros mismos y revela una visión paternalista del Estado, reflejando un tipo de autoritarismo que se disfraza de protección.
Recientemente, hemos visto un intenso debate sobre un nuevo proyecto de ley que intenta cambiar varios artículos del Código Procesal Penal. Esta propuesta, aprobada por un grupo diverso de senadores, pretende castigar con cárcel a quienes “compartan” información sobre investigaciones penales que son confidenciales. Aunque el problema que buscan solucionar es real, ya que las filtraciones a menudo son sesgadas y dañinas, esta ley podría dar demasiado poder a los fiscales. Estos fiscales, que son frecuentemente los receptores de filtraciones, son temidos por los políticos y no son cuestionados por la prensa.
Los defensores de la propuesta afirman que buscan balancear la **transparencia** del sistema judicial con la **protección** de los derechos de las personas. Aseguran que sus medidas intentan evitar el uso **político** o **mediático** inapropiado de los procesos penales. No obstante, hay serias preocupaciones, ya que esta iniciativa reduciría el uso de la información pública y limitaría la **libertad de expresión**, un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este tipo de legislación no es nuevo. Desde principios del siglo XXI, ha habido intentos de regular la manera en que funcionan los medios de comunicación. Por ejemplo, entre 2001 y 2005 se quitaron menciones al desacato a la autoridad de diversas leyes. Además, antes de eso, la Ley de Seguridad Interior del Estado fue utilizada como una herramienta para silenciar a quienes se oponían al régimen, incluyendo a periodistas y escritores.
La propuesta de ley no debe verse aisladamente, ya que surge tras filtraciones que han expuesto irregularidades y corrupción en la política. En lugar de mejorar los mecanismos de **fiscalización**, el Legislativo ha decidido intentar cerrar el flujo de información, criminalizando a quienes informan. Esto no solo afecta el proceso penal, sino que también cuestiona qué clase de democracia queremos: una donde la verdad esté disponible o una donde el silencio es controlado.
Algunas voces han intentado suavizar las implicaciones punitivas de la ley, pero lo que sigue es un aumento del miedo que impide la libre circulación de información. Si informar puede llevar a sanciones, muchas personas elegirán la autocensura, lo que sólo favorece al poder. **El concepto** de ocultar información «para no entorpecer el proceso» implica una falta de confianza en la capacidad del ciudadano para entender la realidad.
Una sociedad donde la información es vista como un privilegio, y no como un derecho, crea ciudadanos pasivos. Por eso, el argumento de que la ley busca proteger a los «involucrados» debe ser examinado con cautela. En una democracia fuerte, la **transparencia** genera legitimidad, y cuando el sistema falla, un periodismo libre es la última defensa.
Como ha señalado el nuevo director del diario El País, «Fiscalizar al poder y desconfiar de las versiones oficiales son nuestras armas». Esta verdad nos recuerda que el periodismo no debe ser un aliado del poder, sino un crítico. Cada restricción, cada penalización busca crear un ciudadano obediente, desinformado y menos libre, lo que es peligroso para nuestra **democracia**.
Por lo tanto, la llamada Ley Mordaza 2.0 no es solo un problema para los periodistas; es un tema que nos afecta a todos. Cuando informar se vuelve un crimen, no solo desaparece una noticia, sino la oportunidad de entender y actuar como ciudadanos. La **libertad de prensa** es esencial en la democracia, y al debilitarse, lo que queda no es simplemente orden, sino un control que restringe nuestra capacidad de debatir y decidir.