Investigación del Caso Koldo: Un Problema Recurrente
La investigación que comienza sobre el caso Koldo revela una red de sobornos relacionados con obras públicas, que por el momento involucra al Ministerio de Transportes, a la dirección general de Carreteras, al administrador ferroviario Adif, múltiples constructoras y a la Secretaría de Organización del PSOE, que es el núcleo operativo del partido en el Gobierno. Mientras se espera cómo se desarrollará esta situación en el ámbito judicial, el escándalo presenta un panorama muy conocido.
Es relevante cuestionarse cómo es que se repiten en sitios tan obvios conductas delictivas que fueron identificadas hace años. ¿Qué falta para que existan mecanismos de prevención que detecten estas irregularidades desde el principio y actúen al respecto? El juez está analizando quién tiene responsabilidad penal en este asunto, y el presidente del Gobierno enfrenta justas demandas de respuesta política. Sin embargo, es esencial también evaluar un sistema político que carece de suficientes controles preventivos.
A medida que los escándalos surgen, los partidos han endurecido el Código Penal. Pero la eficacia del castigo no parece suficiente para disuadir a quienes buscan enriquecerse. Esto se agrava cuando un sistema judicial con pocos recursos especializados tarda años en emitir una sentencia. El caso Koldo pone en evidencia que no hay barreras efectivas para impedir que esta problemática siga repitiéndose a nivel nacional, autonómico y local. España no avanza en las clasificaciones globales contra la corrupción; por el contrario, se encuentra en un peor lugar.
Se tienen bien identificados esos controles necesarios, pero ninguno de los grandes partidos ha priorizado su implementación. Los conceptos son claros: transparencia total y en tiempo real en los procesos de contratación; claridad en las agendas de los responsables públicos para saber con quién se reúnen; minimizar la subjetividad en las decisiones de adjudicación; eliminar la asignación discrecional de contratos pequeños; y dejar estos procesos en manos de funcionarios independientes que estén protegidos de influencias políticas. La regulación de los lobbies y los conflictos de interés siempre aparece en la agenda de los partidos, pero nunca se concretan las acciones. La UE ha señalado que España carece de una estrategia integral contra la corrupción y de agencias públicas especializadas. En muchas ocasiones, los controles se reducen en vez de aumentar.
La lucha contra la corrupción no puede depender únicamente de la valentía de quienes denuncian, ni puede esperar a que los corruptos se delaten unos a otros, algo que sucede con frecuencia. Los controles deben estar integrados en la estructura del sistema. En las semanas y meses que siguen, llenos de revelaciones y polémicas políticas, el Congreso debe encontrar el momento adecuado para abordar este debate crucial que involucra a todos y que, desafortunadamente, nunca beneficia a nadie.