El aumento de la violencia en Chile y las medidas tomadas por el Gobierno
Durante el último año y medio en Chile se han producido situaciones críticas en cuanto a seguridad, las cuales han generado preocupación en el Gobierno. Estos eventos incluyen el asesinato de un carabinero en pleno centro de Santiago, el crimen de tres policías en Cañete y una ola de homicidios en la Región Metropolitana. Estos eventos han dejado en evidencia el avance del crimen organizado y la falta de preparación de la clase política para abordar la crisis de seguridad que se ha gestado durante años.
Las tensiones políticas entre la oposición y el oficialismo respecto a cuándo se originó y empeoró la crisis de seguridad han sido constantes. Según el Ministerio Público, la entrada de bandas transnacionales a través de pasos irregulares ha contribuido al problema. La clase política chilena ha sido criticada por su falta de acción ante este problema y su enfoque en disputas internas en lugar de abordar las necesidades urgentes de seguridad de la ciudadanía.
Ante esta situación, el Gobierno de Gabriel Boric ha implementado medidas de seguridad, como la construcción de una cárcel de máxima seguridad para combatir el crimen organizado. Sin embargo, estas iniciativas han sido criticadas por la oposición por considerarlas tardías y poco efectivas. El presidente ha solicitado el apoyo de la oposición para la tramitación de proyectos de ley relacionados con la inteligencia económica y la seguridad del Estado.
La situación de los homicidios en la Región Metropolitana
La seguridad no era una prioridad para el Gobierno de Boric al inicio de su mandato en 2022. Sin embargo, el aumento de la violencia armada y la presencia de delincuencia organizada han obligado a reestructurar las agendas políticas. El presidente ha declarado que la seguridad es ahora la principal preocupación del Gobierno, aunque la oposición ha cuestionado sus esfuerzos para abordar este problema.
Durante los últimos dos años, se han impulsado numerosos proyectos legislativos relacionados con la seguridad en el Congreso. El Gobierno ha presentado nuevas leyes y medidas que buscan combatir la violencia y el crimen organizado. A pesar de algunos avances, la reciente ola de homicidios en la Región Metropolitana ha puesto en evidencia la falta de control sobre estos delitos y el temor de la población.
A pesar de una disminución del 6% en la tasa de homicidios en 2023, la sensación de inseguridad entre los chilenos ha aumentado significativamente. La comparación con otros países de América Latina puede resultar engañosa, ya que la percepción de seguridad de la ciudadanía se ve afectada por la violencia en el país.
Para analistas políticos como Claudio Fuentes, la percepción de la seguridad en Chile ha cambiado, a pesar de las mejoras objetivas en las estadísticas. La presencia de drogas, tráfico ilícito y violencia ha sido ignorada durante años, hasta que ha llegado a afectar a sectores más privilegiados, lo que ha despertado una mayor conciencia sobre el problema.
En este contexto, la capacidad del Gobierno de abordar la crisis de seguridad se ha vuelto crucial. La falta de consenso político y la polarización de la sociedad podrían dificultar la implementación de medidas efectivas. Se plantea la posibilidad de un pacto de Estado para abordar la situación, aunque las diferencias ideológicas podrían obstaculizar este proceso.
El compromiso del Gobierno de Boric en reducir la violencia y desarticular el crimen organizado es evidente, aunque la efectividad de sus acciones aún está por comprobarse. La urgencia y responsabilidad en materia de seguridad son aspectos prioritarios para el Gobierno, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la violencia y la delincuencia.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS Chile y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.