El impacto de la reducción de la jornada laboral en España
SUSANA VERA (REUTERS)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de los riesgos que puede entrañar la reducción de la jornada laboral que ha prometido el Gobierno y que en estos momentos negocian patronal y sindicatos. Esta se quiere rebajar desde las 40 horas semanales legales hasta las 37,5 horas sin bajar el salario percibido. El FMI pide que este recorte del tiempo de trabajo se diseñe con mucho cuidado para mitigar su impacto en la producción y en los ingresos de los trabajadores a largo plazo.
En Francia, después de reducir la jornada, la participación de los salarios en el tamaño de la economía permaneció sin cambios, a pesar de la subida que se registró en el salario por hora al aumentar las extra encarecidas con un 25% de recargo. La moderación salarial, las bajadas de cotizaciones que aprobó el Gobierno francés para compensar a las empresas y las ganancias de productividad neutralizaron el impacto de los mayores costes por la reducción de jornada y el uso de más horas extra.
Los salarios se congelaron en Francia simplemente por el sobrecoste que ocasionaba esas horas extra. Según describe el Fondo, hubo de uno a tres años sin incrementos salariales. En el caso español se pretenden dos hitos: una bajada de la jornada que, aunque menor, en principio podría provocar parte de ese aumento de las horas extra que se dio en Francia. Y además, a diferencia del caso francés, en España se busca también una subida del sueldo por hora porque se mantiene intacto el salario percibido pese al recorte del horario.
Como resultado, el FMI ve posible que haya una moderación salarial durante tiempo. “Es probable que los ingresos per cápita desciendan a medio plazo, ya que las ganancias en productividad solo pueden compensar como mucho una pequeña fracción de la reducción del trabajo”, señala el documento.
Para minimizar estos problemas y mejorar la posibilidad de que haya ganancias en productividad que atenúen estos cambios, el FMI recomienda que la patronal y los sindicatos negocien cómo se desarrolla la reducción de jornada, de forma que la implementación de esta se acomode a la diversidad de sectores y su variada casuística.