Los Escándalos de Títulos en el Gobierno Valenciano
Recientemente, varios escándalos relacionados con títulos falsos en cargos públicos han generado cambios en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, dirigido por Carlos Mazón. La razón de esta preocupación es verificar los estudios y méritos que se presentan en los currículos de los funcionarios. En solo diez días, tres políticos de los partidos PP, PSOE y Vox han dimitido debido a irregularidades en la información que presentaron.
Todo comenzó con el caso de José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la Reconstrucción tras la DANA, quien se vio envuelto en una controversia por tener un título falso de diplomado. Él afirma que no estaba al tanto de esta situación. Desde entonces, al menos tres miembros del Consell han pedido a la Universidad que confirme sus títulos o han subido sus credenciales a la plataforma GVA Oberta. Sin embargo, hay al menos otros siete altos funcionarios que aún no han acreditado sus títulos, a pesar de que ya han pasado dos años desde que el actual gobierno asumió el poder.
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, que se implementó en 2022, exige a los funcionarios publicar información sobre sus funciones y su trayectoria profesional, incluyendo los documentos que certifiquen sus títulos. No cumplir con esta normativa podría resultar en advertencias o multas.
En el grupo de más de cien altos cargos del Gobierno valenciano, muchos han presentado pruebas de sus títulos en áreas como derecho, ingeniería y medicina, pero se estima que cerca de veinte no han cumplido con la obligación de presentar su formación en la web pública donde cualquier ciudadano puede ver esta información.
Recientemente, entre el 31 de julio y el 1 de agosto, tres altos funcionarios subieron sus credenciales al portal: Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón; Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia; y José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo. La controversia por el caso de José María Ángel fue revelada al público el 29 de julio.
Sin embargo, al menos siete funcionarios todavía no han presentado sus títulos en la GVA Oberta, a pesar de la exigencia de la ley. Entre ellos está Jesús Gual, secretario autonómico de Economía, quien no ha presentado su licenciatura en Derecho. También se encuentran otros como Francisco Javier Sendra y Montserrat Tello, quienes no proporcionan la documentación que respalde sus antecedentes académicos. Situaciones similares se observan con la directora general de Igualdad y otros funcionarios que aún no cumplen con esta obligación.
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