Bruselas exige propuestas específicas al Gobierno y al Partido Popular para impulsar la negociación sobre el Poder Judicial en España.

La Comisión Europea quiere las cosas claras. Y asegurarse de que su mediación entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se utiliza con objetivos políticos. Bruselas ha solicitado este jueves al Gobierno español y al principal partido de la oposición que aclaren sus propuestas para poder reactivar una negociación que ha estado detenida por semanas. Tanto el PP, a través de Esteban González Pons, como el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Félix Bolaños, habían solicitado el miércoles una nueva reunión con la comisaria y vicepresidenta Vera Jourova. Un portavoz de la Comisión ha respondido hoy en su nombre: «Hemos recibido la solicitud de un encuentro por ambas partes, la estamos evaluando y estamos en contacto con ambas partes». Sin embargo, fuentes comunitarias indican que Jourova ha pedido a los dos partidos que, en todo caso, detallen sus propuestas.

Vera Jourova, una política liberal checa con larga experiencia en la Comisión Europea, no quiere que la institución se vea atrapada en una disputa política de un Estado miembro que no llegue a ninguna parte. Bruselas se niega a facilitar una reunión de mero trámite que acabe fracasando en el último momento.

El pasado diciembre, de forma sin precedentes, la Comisión aceptó actuar como mediadora entre el PP y el Gobierno de Pedro Sánchez en un «diálogo estructurado» para desbloquear el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces en España que lleva cinco años sin renovarse. Este tema preocupa especialmente a la Unión Europea y es objeto de críticas anuales en los informes sobre el Estado de Derecho. La Comisión designó al comisario de Justicia, Didier Reynders, como mediador. Sin embargo, tras tres reuniones que parecían avanzar, todo volvió a quedar estancado.

Reynders, un político liberal belga percibido como cercano a las posturas del PP, se retiró en marzo para tomar un nuevo cargo en el Consejo de Europa. Mientras tanto, Vera Jourova ha heredado temporalmente, hasta el regreso de Reynders a finales de mes, sus responsabilidades; incluyendo la mediación sobre el CGPJ, un asunto espinoso que las instituciones comunitarias desean evitar.

El presidente Sánchez lanzó un ultimátum al PP el miércoles sobre la renovación del CGPJ, el cual tiene una mayoría conservadora que no refleja la actual composición del Parlamento sino la de la época de Mariano Rajoy. Si no hay un acuerdo con el PP antes de finales de junio, el PSOE y sus aliados seguirán su propio camino, potenciando una reforma para renovar el CGPJ de otra manera.

Ante el rechazo del PP al ultimátum, este partido se comunicó de inmediato con Jourova para criticar a Sánchez, acusando al Gobierno de intentar desestabilizar la negociación. El PP solicitó una reunión urgente a tres bandas. Bolaños también contactó a Jourova para proponer una reunión en Madrid el viernes o la próxima semana en Bruselas.

En medio de estos movimientos, la Comisión Europea insta a España a proceder de forma urgente con la renovación del órgano judicial, cuyo bloqueo está generando graves problemas en el funcionamiento de la justicia española. Fuentes comunitarias indican que «se recomienda continuar con la renovación del Consejo de la Judicatura como una cuestión prioritaria y comenzar, de forma inmediata tras la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Judicatura». Esto es un recordatorio del mantra presente en los informes anuales sobre el Estado de Derecho en España. Sin embargo, no existe una norma europea que regule los nombramientos en todos los Estados miembros.

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