La Trágica Historia de Celia Ramos Durand
A mediados de 1997, en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, una campesina llamada Celia Ramos Durand empezó a recibir visitas de funcionarios de salud en su hogar en La Legua, un lugar muy pobre en Piura. Aunque la atendía por cortesía, siempre les decía que no estaba interesada. Celia tenía 34 años, era madre de tres hijas: Marisela (10 años), Emilia (8 años) y Marcia (5 años). Era una mujer enérgica y el pilar de su familia, pero los funcionarios no se rendían y la visitaron repetidamente.
Marisela, aunque era solo una niña, tenía una madurez que caracteriza a los hermanos mayores. Escuchaba las charlas y notaba la incomodidad de su madre con esas visitas. Treinta años después, Marisela recuerda con tristeza los últimos días de su madre, reviviendo aquellos momentos con lágrimas en los ojos. Ella narra cómo esos profesionales de la salud trataron de convencer a Celia de que se realizara una ligadura de trompas.
Le dijeron que el procedimiento era sencillo, similar a sacarse una muela, y aseguraron que en poco tiempo estaría de vuelta en casa. Intentaron atraer a otras vecinas, mientras Marisela acompañaba a su madre en las tareas cotidianas. Finalmente, Celia decidió ir al precario centro de salud del caserío, convencida de que todo sería un trámite rápido y fácil. “Mamá salió de casa tranquila y nunca volvió”, recuerda Marisela. Eso cambió por completo la vida de su familia.
Durante la operación, Celia sufrió un paro respiratorio por un medicamento administrado. El personal del centro no tenía ni los medios ni la formación para ayudarla, así que tuvieron que trasladarla a Piura, donde estuvo en cuidados intensivos. Lamentablemente, falleció 19 días después.
Celia se convirtió en una de las 18 muertes asociadas a las esterilizaciones forzadas promovidas por el gobierno de Fujimori. Su caso es el primero en ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este jueves, durante la audiencia en Guatemala, Marisela compartirá su testimonio buscando justicia y reparación.
Marisela se presenta junto a su equipo legal, que incluye la organización feminista DEMUS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos. El objetivo del litigio es que la Corte reconozca la responsabilidad del Estado peruano por estos actos, considerados crímenes de lesa humanidad.
“Han pasado casi tres décadas y nadie ha asumido responsabilidad. Hablar de mi mamá aquí es contar la verdad y dar voz a otras mujeres que han vivido situaciones similares”, expresa Marisela en una conversación anterior con el medio. En Perú, el registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) señala que hay 6,982 mujeres registradas, de las cuales el 97% son campesinas o indígenas de las regiones más pobres. Muchas fueron presionadas o no recibieron información adecuada, y otras fueron sometidas a ligaduras de trompas sin su consentimiento.
María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS, destaca que buscan no solo reparación para la familia de Celia, sino también asegurar que tales crímenes no se repitan. “Si la Corte encuentra culpable al estado peruano por crímenes de lesa humanidad, esto permitirá que las víctimas busquen justicia sin temor a que sus casos sean archivados”, concluye Cedano.