Acciones de la Dirección General de Consumo contra Agencias Inmobiliarias
La Dirección General de Consumo, que forma parte del Ministerio de Derechos Sociales, ha tomado nuevas medidas para investigar agencias inmobiliarias que violan la ley que protege a los consumidores. Este proceso comenzó en octubre de 2024, con una investigación sobre la empresa Alquiler Seguro, tras recibir información de Facua, que alertó sobre tres prácticas abusivas contra los inquilinos:
- Exigir el pago de una comisión por la gestión del alquiler.
- Firmar contratos temporales sin justificación, lo que es una práctica irregular usada por propietarios que quieren alquilar sus viviendas como turísticas en verano y a largo plazo en invierno.
- Incluir cláusulas que no cumplen con la normativa.
Después de seis meses de investigación, en marzo se inició un expediente sancionador contra Alquiler Seguro.
Hoy, la Dirección ha abierto un nuevo expediente sancionador contra otra agencia inmobiliaria que opera en todo el país por posibles prácticas abusivas, como el cobro de comisiones ilegales o la obligación de contratar servicios que no han sido solicitados. Esta investigación surgió por denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU y otras agrupaciones de consumidores, que evidenciaron que los inquilinos eran forzados a pagar comisiones y a contratar seguros no solicitados.
El Ministerio, encabezado por Pablo Bustinduy, recordó que la ley 2/2023, que garantiza el derecho a la vivienda, prohíbe transferir los gastos de gestión inmobiliaria a los inquilinos. Las cláusulas que violan esta norma pueden ser consideradas infracciones graves y, de acuerdo a la Ley de Defensa de los Consumidores, pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros. Estas multas pueden aumentar hasta seis u ocho veces el beneficio ilícito obtenido por la agencia.
Además de luchar contra las agencias abusivas, el Ministerio también está contra las plataformas que publican anuncios de viviendas turísticas sin licencia. El 19 de mayo, ordenó a Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios ilegales, después de advertirles en tres ocasiones sobre esta irregularidad. Esta acción se llevó a cabo tras el rechazo de un recurso de Airbnb por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que afectó a 5.800 anuncios en seis comunidades autónomas, incluyendo Andalucía y Madrid. Así, la Dirección General de Consumo pidió a la oficina de Airbnb en Irlanda que bloqueara esos anuncios ilegales.
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