La Nueva Ley de Reducción de Jornada Laboral y Desafíos en el Congreso
Este martes, la Mesa del Congreso decidió cerrar el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas por semana. Además, busca reformar el registro horario y fomentar el derecho a la desconexión. Con esta acción, se obliga a los diferentes grupos parlamentarios a manifestarse y a presentar, o no, sus enmiendas al texto.
El Gobierno llevó este proyecto de ley a la discusión en el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo y lo envió al Congreso para su análisis. A pesar de que el Ejecutivo eligió el trámite de urgencia, la falta de apoyos en el Parlamento ha mantenido el texto estancado. De hecho, el plazo para enmiendas ha sido prorrogado hasta en cuatro ocasiones.
Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que el primer debate sobre esta propuesta se realizará antes del verano. También ha presionado al presidente Pedro Sánchez para acelerar la agenda social, considerando esto vital para continuar apoyando a los socialistas tras un escándalo de corrupción.
Este proyecto es una de las principales prioridades de Díaz y su departamento. Tras 11 meses de diálogo social, se logró un acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT a finales de diciembre, aunque no contó con el respaldo de la CEOE-Cepyme. Este rechazo empresarial ha sido el argumento principal del PP para no apoyar el texto en el Congreso. Hasta ahora, no está claro si el PP presentará una enmienda a la totalidad o si respaldará la única enmienda anunciada por los independentistas de Junts. Por su parte, Vox también se opone a la reducción de jornada y no ha comentado sobre la posible enmienda de los independentistas.
Junts ha declarado que presentará una enmienda para que el texto vuelva al Gobierno. Esto se debe a la oposición de las patronales catalanas, sobre todo de Pimec, que representa a las pequeñas y medianas empresas que son clave para su base electoral.
En este contexto, los grupos parlamentarios ahora deben decidir si presentarán una enmienda a la totalidad. Si eventualmente se registra una petición para que el texto vuelva al Ejecutivo, se debatirá en un próximo pleno, que podría ser extraordinario en julio o en septiembre, durante la nueva sesión legislativa. En esa reunión, los partidos se pronunciarán nuevamente y votarán sobre la enmienda. Si esta se aprueba con los votos de Junts, PP y Vox, significará el fin de la tramitación de esta norma y el Gobierno tendría que reiniciar todo el proceso legislativo.