Es oficial. Las leyes en España sobre compensación por despido no cumplen con lo establecido en la Carta Social Europea. El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha determinado que la actual indemnización por despido injustificado en España no es suficiente para reparar el daño causado y disuadir a los empleadores de llevar a cabo despidos.
Aunque esta decisión no obliga al Gobierno español a modificar la ley, sí indica que los jueces podrían pronunciarse en este sentido en el futuro. Ante esta situación, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que convocará a los interlocutores sociales para discutir posibles reformas. El sindicato UGT ha instado al Gobierno a iniciar estas negociaciones para mejorar la compensación por despido injustificado.
La queja presentada por UGT señalaba que la legislación española no permite a los trabajadores despedidos injustamente recibir una compensación adecuada. El Comité Europeo ha respaldado esta posición, argumentando que la indemnización por despido debe ser proporcional al daño sufrido y disuasoria para los empleadores.
En este sentido, el Comité considera que la legislación española debería contemplar indemnizaciones adicionales en determinados casos, ya que los límites actuales no son suficientes. Además, señala que el sistema de indemnizaciones en España podría incluso fomentar los despidos injustificados, lo cual va en contra de los principios de la Carta Social Europea.
La ley española y los despidos
El Comité Europeo ha criticado los límites de las indemnizaciones por despido en España, comparándolos con los de otros países europeos como Finlandia, Italia y Francia. Además, señala que el sistema actual de indemnizaciones podría incentivar a los empleadores a realizar despidos injustificados.
En resumen, la decisión del Comité Europeo pone de manifiesto la necesidad de revisar la legislación española en materia de compensación por despido injustificado para garantizar que los trabajadores afectados reciban una indemnización adecuada y que los empleadores sean disuadidos de llevar a cabo despidos sin justificación.
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