BBVA y Banco Sabadell: Situación Actual de la OPA Hostil
El Gobierno está actuando con firmeza ante la oferta hostil del BBVA para adquirir el Banco Sabadell. Este martes, el Consejo de Ministros anunciará nuevas exigencias sobre el plan del banco vasco para absorber a la entidad catalana. Estas condiciones serán más estrictas que las establecidas previamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), especialmente en lo que concierne a oficinas y pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo, hay una limitación clara: las condiciones no pueden impedir la operación de manera directa.
Carlos Torres, presidente del BBVA, expresó su confianza en que esta ofensiva resultará exitosa y subrayó que, si la oferta no tiene éxito, no se considerará un fracaso total. El Gobierno ha mostrado su preocupación sobre esta operación durante varias semanas y rechaza la idea de que su intervención sea una intromisión política fuera de la ley. En cambio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que se apoya en la ley de defensa de la competencia y en razones de interés general.
El anuncio de este martes se centrará en temas cruciales de la posible fusión, como la financiación de las pymes, asegurar una red suficiente de oficinas y garantizar el acceso a servicios financieros para personas mayores y residentes en áreas rurales. Además, se busca minimizar un recorte drástico en el empleo, lo que genera inquietudes tanto dentro del Gobierno como entre sus socios parlamentarios, incluyendo Sumar, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.
Los partidos independentistas catalanes han mostrado una relación tensa con el Banco Sabadell desde que este decidió trasladar su sede social a Alicante en 2017, durante el proceso de independencia de Cataluña. Ahora, han levantado la voz contra la operación del BBVA, señalando que podría perjudicar el acceso al crédito de las pymes, un sector vital en la región, y afectar la cohesión territorial.
El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) también tiene una postura negativa hacia las intenciones del BBVA. Recientemente, Antoni Castells, exconsejero de Economía, criticó fuertemente a la entidad, recordando sus adquisiciones previas y sugiriendo que ahora buscan algo más.
La organización Foment del Treball ha advertido que, si el BBVA continúa con sus planes, se podrían perder "70.000 millones de euros en créditos" para el tejido productivo español. Por su parte, el Cercle d’Economia ha afirmado que la desaparición del Banco Sabadell podría aumentar la concentración de poder financiero en Madrid, deteriorando así la situación en Barcelona.
En medio de esta controversia, el Gobierno ha tenido que decidir sobre la OPA en un contexto complicado a causa de un escándalo interno del PSOE. Sumar, socio en el Ejecutivo, ha manifestado su oposición a la OPA por el riesgo de pérdida de empleo que implica. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha demandado que, para respaldar la OPA, se garantice el mantenimiento de los empleos en ambas entidades. Se estima que podrían eliminarse más de 10,000 puestos de trabajo, de los cuales 3,200 estarían en Cataluña.
Si se lleva a cabo la operación, el BBVA tendría la segunda mayor red de sucursales en España, superada solo por CaixaBank, con aproximadamente 3,000 oficinas y 7,000 cajeros. Aunque el BBVA ha informado sobre su intención de cerrar 300 de esas oficinas, lo que dejaría alrededor de 2,700, este número seguiría siendo inferior a las casi 4,000 de CaixaBank. El BBVA ha acordado ciertas condiciones con la CNMC, como no cerrar sucursales en localidades pequeñas o de bajos ingresos.
Además, han afirmado que muchas de las sinergias proyectadas no provendrán de recortes de personal, sino de mejoras tecnológicas. De hecho, el banco está dispuesto a continuar con su plan incluso si el Gobierno decide bloquear la fusión después de la OPA, ya que creen que gran parte de los beneficios se mantendrían en cualquier escenario.