Versión web de Americanas: El impacto de la nueva ley de aborto en Florida
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El tema del aborto y la justicia reproductiva ha cobrado protagonismo en la agenda política durante las elecciones de este año en Estados Unidos. Después de que en 2022 se derogara la sentencia Roe vs. Wade, que permitía la interrupción del embarazo en todo el país hasta las 24 semanas de gestación, cada Estado ha impulsado sus propias leyes. Uno de los Estados más restrictivos en este sentido es Florida, donde reside el 9% de las latinas en edad reproductiva, lo que equivale a más de 1.4 millones de mujeres que ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Desde el 1 de mayo, en Florida se aplica la llamada «Ley de Protección del Latido Cardíaco», que limita el aborto hasta las seis semanas de gestación, un plazo que, según la ciencia, podría ser insuficiente en algunos casos para detectar un embarazo. Las activistas que abogan por el derecho a decidir califican esta medida como el cambio más radical en medio siglo y advierten sobre su impacto en las mujeres racializadas, en situación migratoria irregular y en situación de pobreza.
Esta legislación, promovida por el gobernador republicano Ron DeSantis, también obliga a que el procedimiento se realice de manera presencial y prohíbe el acceso a la telemedicina o al envío de pastillas abortivas por correo, prácticas que formaban parte del sistema de salud desde hace años. Organizaciones como el Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva insisten en que, históricamente, las comunidades de color son las más afectadas, y las mujeres latinas se encuentran en ese grupo.
Aunque el término «latina» abarca a un grupo diverso en términos de historias, culturas, idiomas, países de origen y condiciones socioeconómicas, en Florida, el 43% de las latinas en edad reproductiva son madres, el 40% no cuentan con seguridad económica y el 5% presenta alguna forma de discapacidad.
El cambio en la legislación en el Estado de Florida ha sido progresivo. Después de restringir legalmente el aborto hasta las 24 semanas en 2022, se redujo ese plazo a quince semanas y finalmente se limitó a seis semanas. Charo Valero, directora de la oficina en Florida del Instituto Nacional de Latinas por los Derechos Reproductivos, menciona que cuando algo es ilegal, eventualmente alguien será criminalizado, ya sea la persona que busca el servicio o quien lo provee. La ley actual establece que aquellos que asistan o practiquen un aborto a una persona gestante pueden enfrentar multas, pérdida de licencia médica y cargos criminales que conllevan hasta cinco años de prisión.
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