Archivan la Querella Contra Exdirectivos de Abengoa
El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha decidido cerrar provisionalmente la querella presentada contra Felipe Benjumea, ex presidente de Abengoa, y Manuel Sánchez Ortega, quien fue consejero delegado de la empresa. Esta decisión se toma debido a que no se han encontrado pruebas suficientes de los presuntos delitos relacionados con la falsedad en la inversión de capital.
Según el fallo, las investigaciones realizadas han demostrado que “no hay evidencia suficiente de que se hayan cometido los delitos que se estaban investigando”. Se buscaba comprobar si los informes financieros de Abengoa antes de su quiebra en noviembre de 2015 reflejaban una realidad equivocada sobre la situación financiera de la empresa.
Sentencia Anterior de Absolución
En 2018, la Audiencia Nacional ya había exonero a los antiguos directivos de Abengoa de otro delito grave, el de administración desleal. Esto se debió a que no se encontraron irregularidades en las indemnizaciones que recibieron los gestores tras su salida en 2015, cuando la situación económica de la compañía era similar a la de años anteriores y no se podía afirmar que estuvieran en una gran crisis.
El fallo actual señala que, a pesar de que la empresa enfrentaba problemas de liquidez, esto no significaba necesariamente que estuviera en quiebra. La falta de dinero y el alto nivel de deudas no cumplían los criterios establecidos por el Código Penal para que se considerara la existencia de un delito financiero.
A pesar de que se realizaron numerosas investigaciones y informes periciales independientes, las conclusiones indican que no se cumplen los requisitos para señalar la existencia de delitos en este caso. Además, se informa que las partes afectadas pueden presentar un recurso en un plazo de tres días y una apelación en cinco días.
La querella fue interpuesta por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa y estaba dirigida hacia varios exdirectivos de la empresa y al socio auditor de Deloitte. El objetivo era investigar si los datos financieros que presentaron los administradores antes de solicitar el preconcurso de acreedores eran realistas o no.