La falta de reconocimiento del catalán en Europa sumerge a España en la indiferencia

La campaña de las elecciones europeas de junio ha impulsado a Junts a reivindicar que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la Unión Europea. Esta propuesta prioritaria para el independentismo catalán se encuentra con cierta indiferencia por parte de la mayoría de los Estados miembros de la UE, quienes no muestran prisa en abordar este tema. Algunos consideran que se trata de un interés político exclusivamente español y no lo ven como un asunto urgente en comparación con otros conflictos que enfrenta la Unión Europea en la actualidad, especialmente durante el proceso de negociación de una nueva ampliación del bloque que implicará la incorporación de nuevos idiomas a los 24 oficiales existentes.

A pesar de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, que asegura que añadir el catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales de las instituciones europeas no sentará precedentes para otras lenguas minoritarias en Europa, algunos países temen que esta iniciativa pueda avivar conflictos internos o lingüísticos propios que prefieren evitar. Estas reticencias han relegado la propuesta española, que requiere unanimidad para su aprobación, a un limbo del cual podría ser difícil que salga pronto.

El Gobierno español ha reconocido recientemente que no hay plazos establecidos para debatir este tema en Bruselas. Durante la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre del año pasado, el Ejecutivo de Sánchez impulsó fuertemente esta iniciativa, pero ha perdido fuerza durante la actual presidencia belga y se espera que sea aún menos prioritaria durante la próxima presidencia de Hungría. Polonia, que asumirá la presidencia después de Hungría, está liderada por Donald Tusk, de la misma familia política que el PP español, quien se ha opuesto al avance del catalán en las instituciones europeas.

La última vez que se discutió el tema de los idiomas cooficiales españoles en Bruselas fue en marzo, cuando el Gobierno español envió un informe a los ministros de Exteriores argumentando que el catalán, euskera y gallego tienen reconocimiento constitucional en España, situándolos en una posición distinta a otros idiomas minoritarios. Sin embargo, desde entonces no se han producido avances y países que en principio apoyaban la inclusión de estos idiomas indican que necesitan más información detallada sobre las implicaciones antes de continuar la discusión. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha admitido que el debate en Europa podría extenderse durante «años».

Junts, sin embargo, no está dispuesto a esperar indefinidamente. El partido considera que es necesario un compromiso directo de los jefes de Gobierno para avanzar en este tema. Toni Comín, el cabeza de lista de Junts, ha destacado la importancia de la propuesta y ha dejado entrever que el gobierno español debería tomar en serio sus reclamos. Como partido aliado del Ejecutivo de Sánchez en el Congreso de los Diputados, Junts está presionando para que el catalán sea reconocido como lengua oficial y de trabajo en la UE. Por su parte, ERC también incluye esta propuesta en su programa electoral para las elecciones del 9 de junio, buscando promover la presencia del catalán en las plataformas audiovisuales europeas para generar alianzas con otras lenguas minoritarias.

Mientras las 24 lenguas actualmente reconocidas como oficiales en las instituciones de la UE también lo son en sus respectivos Estados, el catalán, euskera y gallego solo tienen este estatus en determinadas comunidades autónomas de España, no a nivel nacional. Este tema ha sido utilizado por Junts en campañas anteriores y vuelve a cobrar relevancia en la campaña para las elecciones europeas. Carles Puigdemont, líder de Junts, reconoce que España ha tenido que cambiar su postura rápidamente en respuesta a demandas anteriores y considera que es necesario continuar presionando para avanzar en este tema.

El optimismo del Gobierno español contrasta con la falta de interés de algunos socios comunitarios, cuyo apoyo es fundamental para el éxito de la propuesta. Según el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, hay un aumento en las respuestas positivas de otros Estados miembros en las consultas realizadas a través de embajadores. Aunque la propuesta sigue siendo defendida por España, no se espera que se retome la discusión en el corto plazo. La próxima reunión durante la presidencia belga el 18 de junio tampoco promete avances significativos. Una vez pasen las elecciones europeas, es posible que la urgencia de este tema vuelva a disminuir.

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