La Condena de Álvaro Uribe Vélez: Un Hecho Histórico en Colombia
Doce años de prisión domiciliaria. La condena en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos es un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Para encontrar un caso similar de un expresidente condenado por un delito, hay que retroceder a los años sesenta, cuando el dictador Gustavo Rojas Pinilla fue hallado culpable. Por primera vez, un partido político importante, el Centro Democrático, enfrenta unas elecciones nacionales bajo la sombra de la condena de su fundador. Además, tanto la derecha como la izquierda han coincidido en afirmar que decisiones judiciales recientes son motivadas políticamente, un fenómeno conocido como lawfare, en un país que normalmente valora el apego a la ley.
El proceso judicial contra Uribe tiene aún varias fases por delante, pero el impacto político y mediático que ha tenido la decisión de la jueza Sandra Heredia es notable. La jueza reveló su condena por soborno y fraude en dos momentos: primero, el lunes, y luego el viernes, cuando anunció la pena. Esto ha desviado la atención de otras decisiones del gobierno que, en condiciones normales, habrían causado gran revuelo.
Uribe mantuvo silencio durante la semana, pero su primera intervención, el viernes, fue clara. En su apelación, argumentó que la restricción de su libertad podría interpretarse como un aliciente para la violencia. Además, mencionó que el atentado contra su compañero Miguel Uribe Turbay fue consecuencia de los señalamientos del gobierno, un incidente que ha dejado al senador en una larga recuperación tras recibir un disparo.
La condena a Uribe ha transformado el panorama político a solo siete meses de las votaciones para el Legislativo, donde su figura ha sido clave en la política colombiana durante más de dos décadas. El expresidente, que llegó al poder en 2002, se caracterizó por su lucha firme contra las FARC y logró ser reelegido, aunque un intento de modificar la Constitución para una tercera reelección fue frustrado por la Corte Constitucional.
Para que Uribe pueda participar en actividades políticas fuera de su hogar, necesita que el tribunal revise su condena favorablemente. Si no hay sentencia antes de octubre, el caso podría prescribir, lo que le permitiría recuperar su libertad justo antes de las votaciones internas en su partido.
El impacto de esta situación no esperará a que el tribunal se pronuncie ni a las elecciones. El 7 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la batalla de Boyacá, los seguidores de Uribe han planeado una marcha en su apoyo. Esta ocasión será significativa, ya que marcará la primera vez que la oposición de derecha se manifieste tras la condena de Uribe, mientras que la izquierda celebrará lo que consideran un paso hacia la justicia, alterando las narrativas políticas tradicionales.