La sugerencia de flexibilizar la confidencialidad bancaria intensifica la discusión política en Chile durante un año electoral tumultuoso

La polémica sobre el levantamiento del secreto bancario en Chile

El debate sobre la flexibilización del acceso a información financiera reservada ha generado confrontaciones entre los distintos sectores políticos chilenos. Las propuestas de ley relacionadas con el cumplimiento tributario y la inteligencia económica, respaldadas por el Gobierno de Gabriel Boric, han encontrado resistencia en la oposición. Este conflicto se ha intensificado en vísperas de las elecciones municipales programadas para el 27 de octubre.

Las propuestas legislativas fueron presentadas hace meses en el Congreso, pero reaparecieron recientemente en un panel sobre crimen organizado en Santiago. Durante este evento, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló a políticos de estar financiados por el narcotráfico, aunque no proporcionó nombres concretos. Estas afirmaciones desencadenaron fuertes reacciones por parte del Gobierno y de las fuerzas políticas de izquierda, quienes cuestionaron la falta de fundamentos en las acusaciones de Matthei.

Ante este escenario, se ha solicitado a la alcaldesa y a su sector político en el Senado que aclaren su postura en relación con estas propuestas legislativas. El presidente Boric enfatizó la importancia del levantamiento del secreto bancario para combatir eficazmente el crimen organizado y la evasión fiscal. Sin embargo, Matthei ha condicionado su apoyo a la modificación en el proceso de designación del jefe del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Los críticos de las propuestas argumentan que la información financiera podría emplearse con objetivos políticos, especialmente considerando el papel clave que jugaría el SII en estos casos. Para algunos expertos, como los abogados Carlos Gajardo y Rodrigo Reyes, es fundamental garantizar la independencia en la designación de las autoridades del SII.

560 personas condenadas por lavado de activos en Chile

Las leyes chilenas contemplan la reserva bancaria, pero permiten su levantamiento en casos de delitos o sospechas de ilicitudes, siempre con el consentimiento del titular de la cuenta o mediante intervención judicial. En los últimos 17 años, más de 560 individuos han sido condenados en Chile por lavado de activos, delitos asociados principalmente al narcotráfico y la corrupción.

Según la Unidad de Análisis Financiero (UAF), más de la mitad de los casos de lavado de dinero en Chile involucran transacciones bancarias. Expertos en antilavado coinciden en la necesidad de actualizar las herramientas para prevenir y combatir este tipo de delitos en el país.

En este contexto, el debate sobre el acceso a la información financiera es crucial para fortalecer las investigaciones y perseguir a quienes buscan lucrarse ilícitamente. La modernización de la normativa es vista como una medida preventiva fundamental para detectar tempranamente actividades delictivas y garantizar la transparencia en las finanzas.

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