Vox y las Sanciones por Financiación Ilegal
El Tribunal de Cuentas ha impuesto una multa de 50.000 euros al partido Vox debido a casos de financiación ilegal. Esta es la tercera sanción que recibe Vox en el último año, después de revisar sus cuentas de los años 2018 a 2020. Hasta ahora, el total de las multas asciende a 1.145.820 euros. Santiago Abascal, líder del partido, ha declarado que estas sanciones son el resultado de una persecución política, aunque la realidad es que se deben a violaciones claras de la ley que regula la financiación de los partidos políticos.
En este caso específico, el tribunal encontró que Vox aceptó donaciones finalistas, algo que está prohibido por la ley. La razón de esta restricción es prevenir que grupos de presión influyan en las decisiones de los partidos a cambio de dinero, lo que podría llevar a aprobar leyes que beneficien a ciertos intereses en lugar de al bien común. Este tipo de situaciones también está bajo investigación en el caso Montoro, que involucra a un exministro del PP.
Aparte de esto, Vox ha estado utilizando una táctica considerada fraudulenta: recibir pagos en efectivo a través de cajeros automáticos, cada uno por menos de 300 euros, para no tener que identificar a los donantes. El partido argumenta que estos fondos provienen de actividades promocionales, como la venta de productos de marketing. Sin embargo, no han presentado la documentación necesaria que demuestre estas ventas, lo que lleva al Tribunal de Cuentas a pensar que podría estar escondiendo donaciones anónimas, lo cual también está prohibido.
Vox tiene la opción de llevar este asunto a la justicia si consideran estas sanciones injustas, pero su repetido incumplimiento de la ley de financiación muestra una falta de respeto hacia una de las reglas esenciales del sistema democrático. Según la Constitución española, los partidos políticos son fundamentales para la participación política y deben ser autónomos e independientes de los poderes económicos. La financiación ilegal es un indicativo de una corrupción más amplia en el sistema.
A pesar de todo esto, el Tribunal de Cuentas aún no se ha pronunciado sobre los préstamos que Vox ha recibido por un total de 14 millones de euros del Magyar Holdingbank (MHB), un banco vinculado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para financiar sus campañas electorales más recientes. La Fiscalía estima que puede no haber delito en aceptar créditos de instituciones controladas por un gobierno extranjero, que también es aliado de Rusia dentro de la Unión Europea. Sin embargo, Vox intentó ocultar este hecho hasta que tuvo que hacerlo público, lo que plantea preguntas sobre la credibilidad de un partido que se dice defensor de la independencia nacional frente a ciertas imposiciones de Bruselas. La transparencia en sus finanzas debería ser una prioridad para cualquier fuerza política.