Blindaje Político y Seguridad en Perú: Una Situación Complicada
En Perú, mientras muchos ciudadanos refuerzan la seguridad de sus hogares, los legisladores están centrados en proteger su futuro. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, realizado en marzo de 2025, mostró que únicamente el 2% de la población aprueba el trabajo del Congreso, la cifra más baja desde 2021. En lugar de revertir esta percepción negativa, los parlamentarios han decidido afianzar sus privilegios. Esta semana aprobaron nuevas medidas que podrían evitar prisión a quienes cometan violaciones de derechos humanos y restaurar la inmunidad para los legisladores futuros.
El jueves, Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, se presentó ante el Congreso para exponer la política del Gobierno y solicitar respaldo. En su discurso, afirmó que se trabajará para devolver la seguridad a las calles y que se están considerando mecanismos de cooperación para enviar a delincuentes peligrosos a las cárceles de alta seguridad, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. La propuesta es clara: trasladar a estos individuos y liberar espacio en las cárceles peruanas. Sin embargo, Arana no aclaró cómo se financiarán estos traslados, un aspecto crucial que queda por resolver.
Además, el primer ministro propuso la creación de un servicio policial voluntario para apoyo administrativo y una posible Policía Municipal. También sugirió formar una comisión que incluya a varios sectores para evaluar la continuidad de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La importancia de este sistema es notable: al firmar el Pacto de San José, Perú abolió la pena de muerte. Sin embargo, en diciembre de 2024, la presidenta Dina Boluarte había mencionado la necesidad de discutirla nuevamente para ciertos delitos.
Las palabras de Arana en el Congreso causaron controversia. Tania Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, criticó que no hay evidencia de que la pena de muerte disuada el crimen. Señaló que estas propuestas son principalmente populistas, ya que muchos ciudadanos piensan que se implementarán de inmediato. A pesar de la polémica, el Congreso optó por dar su apoyo a Arana y su equipo.
Los legisladores también revivieron un tema delicado relacionado con las secuelas del Conflicto Armado Interno en el país. Este conflicto, que tuvo lugar entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, dejó un trágico resultado de más de 11,500 casos de violaciones de derechos humanos. A pesar de esto, el Congreso está considerando otorgar amnistía a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que hayan sido acusados de delitos durante este periodo, excluyendo a aquellos acusados de terrorismo o corrupción. Esta propuesta fue aprobada con 61 votos a favor y 44 en contra.
Fernando Rospigliosi, autor del dictamen, argumenta que esto es necesario para evitar procesos largos que no buscan justicia. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación, afirmando que se busca beneficiar a quienes han cometido serias violaciones de derechos humanos.
En medio de todas estas urgencias, los parlamentarios no se olvidan de cuidar su futuro. El 12 de junio, aprobaron la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, una medida que protegería a los nuevos senadores y diputados durante su mandato y 30 días después de dejar el cargo. Esto evitaría que sean procesados sin la autorización de su respectiva Cámara. Sin embargo, para la legisladora Flor Pablo Medina, esta inmunidad es sinónimo de impunidad. Recordó el caso del congresista Freddy Díaz, quien fue condenado por violar a su trabajadora. Este tipo de situaciones, advierte, no deben repetirse.