Impacto negativo de las medidas represivas en El Salvador
Al menos cuatro niñas y niños han fallecido y otros 176 están ahora huérfanos a causa de las políticas severas implementadas por el Gobierno de El Salvador bajo el mandato del presidente Nayib Bukele. Estos resultados son parte de un informe reciente elaborado por Cristosal, una organización líder en la defensa de derechos humanos en el país.
El reporte, dado a conocer este miércoles, resume dos años de investigación durante los cuales se examinaron 265 muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción. Dentro de estas víctimas, cuatro eran menores, 244 eran hombres y 17 eran mujeres. La organización basó su investigación en testimonios de familiares, informes judiciales y peritajes médico-forenses. Se descubrió que, de las personas fallecidas en prisión, 106 eran padres/madres, dejando a 176 menores sin cuidado parental.
Dos bebés que estaban bajo custodia del Estado fallecieron, tanto un niño como una niña, después de vivir con sus madres en la cárcel. Otros dos bebés murieron a raíz de abortos no provocados, probablemente causados por la falta de atención prenatal y las adversas condiciones de la prisión según el documento.
EL PAÍS solicitó una respuesta del Gobierno de El Salvador ante las acusaciones, sin embargo, el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, no contestó los mensajes. Funcionarios como el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán, han negado en ocasiones anteriores las muertes ocurridas bajo la responsabilidad del Estado o las han atribuido a causas «naturales».
El reporte presentado por Cristosal cuenta la historia de Dina Hernández, una mujer de 28 años, defensora de derechos humanos, arrestada en marzo de 2024 mientras estaba embarazada de 35 semanas. Hernández fue acusada de pertenencia a pandillas. A pesar de que un juez ordenó su liberación luego de 24 horas, las autoridades penitenciarias no la liberaron y le imputaron otro delito ese mismo día. Tres semanas después, la familia de Dina supo que su hija había fallecido, sin recibir detalles sobre la salud de la madre o si había recibido atención adecuada después del parto.
Un informe previo de Cristosal reveló 153 muertes de prisioneros en las cárceles bajo el Gobierno de Bukele. En ese primer reporte, la organización mencionó que muchos de los cuerpos presentaban signos de tortura o estrangulamiento. El nuevo informe publicado este miércoles añade 112 casos más a esa lista.
«El informe deja claramente evidenciadas las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos durante el estado de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas y muertes de personas bajo custodia del Estado, y su impacto devastador en las familias más vulnerables del país, especialmente en mujeres, niños y niñas», afirmó Noah Bulock, director de Cristosal, en declaraciones a El País.
Según el informe, aún no se puede cuantificar con precisión el costo humano del llamado «modelo Bukele de seguridad». Sin embargo, las investigaciones demuestran que cientos de inocentes han sufrido efectos irreparables en sus vidas debido a torturas y tratos inhumanos.
Según Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal y una de las coordinadoras de la investigación, este informe pone de relieve los impactos negativos de las medidas, especialmente en las mujeres. Navas mencionó que son las mujeres quienes deben buscar justicia y cuidar de los niños afectados por el régimen de excepción.
El documento reveló que de 7.742 casos de mujeres en prisión bajo el régimen de excepción, se detectaron varios incidentes de abuso por parte de autoridades, incluyendo abuso a menores con impunidad y violencia sexual dentro de las cárceles.
A pesar de que el Gobierno no revela con exactitud la cantidad de mujeres bajo custodia, se estima que el 15% de los más de 79.000 detenidos son mujeres y un 1.5% son menores de edad.
En lo que respecta a los menores, la organización señaló que se han violado repetidamente sus derechos, desde el abandono forzado cuando sus padres son encarcelados hasta el abandono escolar debido a secuelas psicológicas o falta de recursos.
Bukele y su régimen de excepción como solución a todo
El régimen de excepción es la medida extrema adoptada por el Gobierno de El Salvador contra las pandillas después de que éstas causaran 87 muertes en un fin de semana al romper un pacto con el gobierno de Bukele en marzo de 2022. Desde entonces, las autoridades han detenido a cualquier persona sospechosa de tener lazos con las pandillas, incluyendo a inocentes. A pesar de que esta medida ha logrado debilitar a las pandillas, llevándolas a esconderse, muchos países vecinos han expresado interés en emular el «modelo Bukele». Sin embargo, no mencionan que el supuesto éxito de estas políticas radica en el control total que Bukele tiene sobre los tres poderes del Estado, incluido el sistema de justicia.
Después del éxito contra las pandillas, Bukele ha extendido su enfoque punitivo incluso a sectores no relacionados con la delincuencia, llegando al extremo de amenazar a empresarios en cadena nacional si los precios de los alimentos suben. Su popularidad, por encima del 80%, ha sido usada para consolidar su poder de manera inconstitucional.
Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.